Certificados y acreditaciones

OHSAS 18001 es la especificación internacionalmente reconocida para la certificación de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral. Fue desarrollada por una selección de empresas y de organismos de normalización y certificación líderes internacionales para cubrir un hueco donde no existía ningún estándar certificable por tercera parte.

 

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La norma ISO 14001 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una vez implantados, afectan todos los aspectos de la gestión de una organización en sus responsabilidades ambientales y ayudan a las organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico. ISO 14001 se centra en la organización proveyendo un conjunto de estándares basados en procedimiento y unas pautas desde las que una empresa puede construir y mantener un sistema de gestión ambiental.

 

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La norma ISO 9001 designa un conjunto de normas sobre calidad y su gestión continua, establecidas para la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Las normas recogen por tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de implantación, como los métodos  de auditoría. El ISO 9001 especifica la manera en que una organización  opera, sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Existen más de 20 elementos en los que los estándares de este ISO que se relacionan con la manera en que los sistemas operan.

 

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El EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditorí­a CE 761/2007 EMAS) es una normativa voluntaria de la Unión Europea que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un SGMA (Sistema de Gestión Medioambiental) y han adquirido un compromiso de mejora continua, verificado mediante auditorí­as independientes. Las organizaciones reconocidas con el EMAS tienen una polí­tica medioambiental definida, hacen uso de un sistema de gestión medioambiental y dan cuenta periódicamente del funcionamiento de dicho sistema a través de una declaración medioambiental verificada por organismos independientes. Estas entidades son reconocidas con el logotipo EMAS, que garantiza la fiabilidad de la información dada por dicha empresa.

 

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Descargar pdf   Declaración Medioambiental

El objetivo del Pacto Social por el Medio ambiente es establecer un marco de operación que permita que:

Las empresas, instituciones, organizaciones y colectivos de la Región puedan contribuir al desarrollo sostenible adquiriendo voluntariamente compromisos de responsabilidad ambiental más allá de los lí­mites exigidos por la legislación aplicable.

Regic es un sistema de registro y clasificación de proveedores y subcontratistas utilizado por empresas del sector cementero y minero de España.Los proveedores y subcontratistas que quieran formar parte del sistema que utilizan estas empresas, deberán registrar su empresa a través de la cumplimentación de un cuestionario informatizado y del aporte de documentación especí­fica. De este modo las Empresas Participantes disponen de una herramienta que les permita registrar a sus proveedores y contratistas de forma eficaz, permanentemente actualizada, objetiva y no discriminatoria. Este certificado Indica que el Proveedor en cuestión está registrado en Regic en los productos y/o servicios señalados para las empresas participantes en el Registro de Proveedores. Regic podrá ser utilizado por las Empresas Participantes, bien como base para realizar la selección de proveedores que serán invitados a presentar ofertas, o bien como requisito previo para poder acceder a sus propios sistemas de clasificación.

 

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La Constitución Española de 1978 propugna, en su artí­culo primero, la igualdad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurí­dico, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, partiendo de la exigencia constitucional, se dicta ante la necesidad de una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos o estereotipos sociales que impiden alcanzarla.

La consecución de estos objetivos en el ámbito laboral requiere de la participación activa de las empresas privadas en lo que se refiere a garantizar un acceso al empleo y unas condiciones laborales de calidad y en igualdad para mujeres y hombres, así­ como a garantizar que sus productos y servicios respondan a las necesidades e intereses de mujeres y hombres.

El artí­culo 45.1 de dicha L.O. 3/2007 establece que, las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso, acordar, con los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras en la forma que se determine en la legislación laboral.

Dentro de la medidas de promoción de la igualdad el citado artí­culo 45 recoge los planes de igualdad, cuya elaboración e implantación será voluntaria para las empresas de doscientos cincuenta trabajadores o menos, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

Los mismos se definen en el artí­culo 46 de la Ley Orgánica como un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

La elaboración de una memoria de sostenibilidad comprende la medición, divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y externos en relación con el desempeño de la organización con respecto al objetivo del desarrollo sostenible.

La elaboración de memorias de sostenibilidad es un término muy amplio que se considera sinónimo de otros términos también utilizados para describir la información relativa al impacto económico, ambiental y social (por ejemplo, triple cuenta de resultados, informes de responsabilidad corporativa, etc.).

Una memoria de sostenibilidad deberá proporcionar una imagen equilibrada y razonable del desempeño en materia de sostenibilidad por parte de la organización informante, e incluirá tanto contribuciones positivas como negativas.

Las memorias de sostenibilidad que se basan en el Marco de elaboración de memorias del GRI presentan los resultados que se han obtenido dentro del correspondiente periodo informativo, atendiendo a los compromisos, la estrategia y el enfoque directivo adoptado por la organización. Las memorias se pueden utilizar, entre otros, para los siguientes propósitos:

Estudio comparativo y valoración del desempeño en materia de sostenibilidad con respecto a leyes, normas, códigos, pautas de desempeño e iniciativas voluntarias.

Demostración de cómo una organización influye y es influida por las expectativas creadas en materia de desarrollo sostenible.

Comparación del desempeño de una organización y entre distintas organizaciones a lo largo del tiempo.

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en su tí­tulo IV, crea el Registro de Establecimientos Industriales, en base a los principios de libertad de establecimiento y de simplificación de los procedimientos administrativos.

Esto implica la adopción de criterios de eficacia en la gestión y de colaboración entre las Administraciones para conseguir un Registro moderno y actualizado que sirva para el ejercicio de las competencias que en materia económica e industrial tieneatribuida la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y constituya el instrumento de publicidad de la información sobre la actividad industrial, al servicio de los ciudadanos y del sector empresarial.

El artí­culo 21.2 de la Ley de Industria establece que «la creación del Registro de Establecimientos Industriales de ámbito estatal se entenderá sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas para establecer Registros Industriales en sus respectivos territorios».

En este sentido, dado el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba dicho Registro estatal, así­ como la entrada en vigor de diversos reglamentos de seguridad industrial, se estimó oportuno publicar la Resolución de 28 de mayo de 2003, por la que se ordena la nueva publicación del texto í­ntegro del Decreto n.º 47/2003, de 16 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del Registro de Establecimientos Industriales de la Región de Murcia.

El mismo en su artí­culo 2, ámbito de aplicación, establece 2.2.- En los términos establecidos en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, las disposiciones de este Reglamento se aplicarán también a las actividades siguientes:

  1. a) Los servicios de ingenierí­a, diseño, consultorí­a tecnológica, construcción y asistencia técnica de carácter industrial directamente relacionados con los establecimientos y actividades indicadas en el apartado 2.1 del presente artí­culo.

Conforme a lo establecido en el artí­culo 214 b) del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia y en el artí­culo 59.1 de la Ley de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, la licencia de actividad se exigirá para la instalación, montaje, ejercicio o explotación, traslado o modificación sustancial de cualquier actividad mercantil o industrial que se pretenda desarrollar, ya sea de titularidad pública o privada, tanto en el interior de edificaciones como en espacios libres, tenga o no finalidad lucrativa en el término municipal de Lorca.

Real Decreto 3008/1978, de 27 de octubre, regulador del Documento de Calificación Empresarial promueve la ordenación de determinadas actividades industriales, cuyo ejercicio puede comportar responsabilidades sociales relevantes que por razones de interés público es necesario asegurar, y la Orden del Ministerio de Industria y Energí­a de 30 de junio de 1980 (BOE núm. 219, de 11.9.1980), establece que para el ejercicio de las actividades de ingenierí­a y de consulta en el ámbito industrial, por personas jurí­dicas, será necesario que la Empresa esté en posesión del Documento de Calificación Empresarial (DCE) en Ingenierí­a y Consultoras. En concreto en su artí­culo 2 a) y b) especifica en Servicios técnicos de ingenierí­a para los diversos sectores industriales y Estudios técnicos-industriales de viabilidad y preinversión respectivamente.